El modelo trujillista y el país que quedó después de Trujillo

Al cerrar este recorrido, la Era de Trujillo emerge como una de las contradicciones más profundas de la historia dominicana. Durante treinta y un años, el régimen negó libertades, persiguió y encarceló opositores, impuso el exilio, recurrió al asesinato político y sometió la vida nacional a un sistema de miedo y obediencia. Nada de ello puede justificarse ni relativizarse. Sin embargo, reducir ese período exclusivamente a su dimensión represiva también impediría comprender los cambios que transformaron la estructura del Estado, la economía y la sociedad dominicana.

Rafael Leónidas Trujillo

Esa tensión define la paradoja trujillista: el mismo poder que actuó como verdugo político impulsó una modernización estatal y promovió transformaciones económicas, mientras concentraba de manera extrema la riqueza y limitaba cualquier desarrollo social autónomo.

Cuando Rafael Leónidas Trujillo llegó al poder en 1930, la República Dominicana era una sociedad predominantemente rural, con un mercado interno limitado, infraestructura insuficiente, escaso desarrollo industrial y un Estado institucionalmente débil. Al concluir la dictadura, en 1961, el país tenía una fisonomía distinta. Se había ampliado la red vial, fortalecido la administración pública, desarrollado parte de la capacidad industrial y consolidado un conjunto de instrumentos monetarios y financieros que otorgaban al Estado una capacidad de intervención desconocida hasta entonces.

Hubo, en primer lugar, modernización estatal: expansión de la administración pública, centralización de la autoridad, creación o consolidación de instituciones financieras, organización de mecanismos monetarios y ampliación de la capacidad del gobierno para recaudar, regular, planificar y ejecutar obras. El Estado se volvió más presente, más coordinado y más capaz de intervenir en la vida económica y territorial del país.

Hubo también crecimiento económico y transformación productiva. La eliminación progresiva del sistema de fichas y vales y la extensión del pago salarial en dinero favorecieron la circulación monetaria y ampliaron el mercado interno. Las carreteras integraron regiones, facilitaron el transporte de mercancías y acercaron zonas productivas a los principales centros de consumo.

La industrialización avanzó en áreas como el cemento, los aceites, los clavos, los alambres, las baterías y otros bienes destinados al mercado nacional. Al mismo tiempo, la expansión azucarera reforzó una de las principales actividades exportadoras del país. La creación y consolidación del Banco de Reservas, de otras instituciones crediticias, de la moneda nacional y, posteriormente, del Banco Central proporcionaron herramientas para administrar el crédito, ordenar las finanzas y conducir la política económica.

Estos procesos contribuyeron a formar una economía más articulada y un Estado con mayor capacidad operativa. Pero el crecimiento económico no significa, por sí mismo, distribución equitativa de la riqueza, ampliación de derechos o mejora generalizada de las condiciones de vida.

Ahí aparece la segunda gran contradicción del modelo: la modernización estatal y el crecimiento económico coexistieron con una concentración patrimonial extraordinaria.

Trujillo no se limitó a controlar la economía desde el gobierno. Acumuló ingenios, industrias, tierras y empresas comerciales, y extendió su influencia sobre sectores estratégicos de la producción y las finanzas. Su familia y su círculo de allegados participaron también de ese proceso de apropiación. Como consecuencia, la frontera entre patrimonio público, poder político y riqueza privada se volvió extremadamente débil.

El Estado se expandía, pero esa expansión no se traducía en una esfera pública autónoma. Con frecuencia, las instituciones estatales servían simultáneamente para organizar la economía nacional y para fortalecer el patrimonio del gobernante. La centralización podía aumentar la capacidad administrativa del Estado, pero también reducía los controles, subordinaba las instituciones y facilitaba la apropiación privada de recursos y oportunidades públicas.

Por eso es necesario distinguir entre fortalecimiento estatal y construcción institucional democrática. El régimen creó y consolidó instituciones, pero lo hizo dentro de un sistema personalista, sin separación efectiva de poderes, sin competencia política libre y sin mecanismos independientes capaces de limitar al gobernante. La existencia de instituciones no equivale automáticamente a institucionalidad democrática.

También debe distinguirse entre crecimiento económico y desarrollo social. Durante la Era de Trujillo se produjeron cambios materiales importantes, pero estos no estuvieron acompañados por una ampliación proporcional de la ciudadanía, la participación política, la protección de los derechos laborales, la igualdad social o la autonomía de las organizaciones civiles. La educación, la salud, la vivienda y otros servicios públicos no pueden evaluarse únicamente por su expansión administrativa; también deben medirse por su cobertura, calidad, equidad y capacidad para mejorar de manera sostenida la vida de la mayoría.

En ese sentido, el régimen modernizó determinadas estructuras del Estado y amplió algunas capacidades productivas, pero no construyó un desarrollo social integral. La población podía vivir en un país con más carreteras, industrias e instituciones financieras y, al mismo tiempo, permanecer excluida de la deliberación pública, sometida a la desigualdad y privada de libertades fundamentales.

A esta concentración económica y a esas limitaciones sociales se sumó el costo humano del régimen. Las carreteras, las fábricas, los bancos y las obras públicas no borran las cárceles, las persecuciones, los asesinatos, los exilios ni el miedo que marcó la experiencia cotidiana de varias generaciones. Ninguna transformación material compensa la pérdida de una vida; ninguna institución económica sustituye la libertad; ningún proyecto de crecimiento legitima una dictadura.

Reconocer la modernización estatal y el crecimiento económico de ese período no implica absolver al régimen. Tampoco obliga a presentar esas transformaciones como desarrollo social pleno. Implica distinguir sus componentes, identificar quiénes se beneficiaron, observar quiénes quedaron excluidos y analizar los costos políticos y humanos que hicieron posible aquel modelo.

¿Qué quedó después de Trujillo?

La muerte del dictador, en 1961, no devolvió al país a la realidad de 1930. Quedaron carreteras, industrias, instituciones financieras, una moneda nacional, estructuras administrativas más desarrolladas, un mercado interno ampliado y un Estado con mayor capacidad para intervenir en la economía.

Quedó, en otras palabras, una plataforma de modernización estatal y de crecimiento productivo. Pero también quedaron una riqueza altamente concentrada, instituciones subordinadas al poder político, desigualdades persistentes, debilidad democrática y profundas heridas sociales provocadas por tres décadas de autoritarismo.

Sobre esa base comenzó una nueva etapa. Los gobiernos posteriores ampliaron la infraestructura mediante la construcción de carreteras, presas, escuelas, universidades, hospitales y viviendas. Más adelante se desarrollaron las zonas francas, el turismo, los servicios financieros, las telecomunicaciones y otras actividades que transformaron nuevamente la economía dominicana.

Esos procesos posteriores fueron decisivos porque ampliaron y diversificaron la estructura productiva, extendieron servicios y contribuyeron a formar nuevas clases profesionales y sectores sociales. También mostraron que el desarrollo social no era una consecuencia automática de la modernización estatal ni del crecimiento económico, sino el resultado de políticas, luchas sociales, instituciones democráticas y esfuerzos acumulados durante varias generaciones.

Por eso resulta históricamente incorrecto afirmar que la República Dominicana contemporánea es obra de Trujillo. El país actual es producto del esfuerzo acumulado de trabajadores, campesinos, empresarios, profesionales, técnicos, servidores públicos y ciudadanos, junto con gobiernos de orientaciones diversas que, con aciertos y errores, continuaron modificando la estructura nacional.

Pero tampoco es correcto sostener que todo comenzó después de 1961. Una parte significativa de la plataforma material, económica, monetaria, financiera y administrativa sobre la cual se apoyó el desarrollo posterior fue construida o consolidada durante la Era de Trujillo.

La precisión consiste en decir qué se construyó y qué no. Se fortaleció la capacidad del Estado; creció y se diversificó parcialmente la economía; se concentró de manera extrema la riqueza; y no se establecieron las bases de un desarrollo social democrático, equitativo y plenamente inclusivo.

Admitirlo no significa rendir culto al dictador. Significa reconocer que la historia no se comprende mediante absoluciones ni negaciones, sino mediante el análisis simultáneo de sus avances, sus límites, sus beneficiarios, sus costos y sus contradicciones.

La paradoja permanece

La principal lección de este período es que la modernización estatal, el crecimiento económico y el desarrollo social no son sinónimos.

Un Estado puede volverse más centralizado y eficiente en ciertas áreas sin ser democrático. Una economía puede crecer y diversificarse sin distribuir de manera justa sus beneficios. Pueden construirse carreteras, fábricas, bancos e instituciones mientras se restringe la libertad, se elimina la oposición y se somete a los ciudadanos.

También puede fortalecerse la administración pública mientras un gobernante concentra en sus manos las instituciones estatales y las oportunidades económicas que estas generan. En ese caso, la capacidad del Estado aumenta, pero su autonomía disminuye; la economía se expande, pero la riqueza se concentra; y la sociedad cambia materialmente sin adquirir por ello mayor libertad, igualdad o participación.

Por eso el desarrollo de una nación no puede medirse únicamente por el crecimiento económico, la infraestructura o la expansión productiva. Debe evaluarse también por la distribución de sus beneficios, la calidad de sus servicios públicos, la movilidad social, la protección de los derechos, la vigencia de la libertad, la justicia y la capacidad de los ciudadanos para pensar, expresarse y participar sin temor.

Durante la Era de Trujillo coexistieron varias realidades: una modernización significativa de ciertas estructuras estatales, un crecimiento económico y productivo desigual, una concentración patrimonial extrema y un desarrollo social limitado por la represión, la exclusión y la ausencia de ciudadanía democrática. Todas esas realidades existieron. Negar una para defender otra sería mutilar la historia.

La República Dominicana contemporánea es muy distinta de aquella sociedad predominantemente rural y empobrecida de 1930, aunque todavía enfrenta desafíos importantes. Comprender cómo llegó hasta aquí exige estudiar cada etapa con rigor, sin prejuicios, pero también sin omisiones; distinguir entre las obras realizadas y la forma en que fueron financiadas y administradas; entre el crecimiento de la economía y la distribución de sus beneficios; entre la expansión del Estado y la construcción de una sociedad más libre y justa.

Al regresar al título de esta serie, la contradicción permanece intacta:

El verdugo y el constructor.

Dos figuras difíciles de reunir en una misma persona, pero inseparables para comprender la paradoja trujillista. Su legado no puede reducirse ni a la obra material ni al terror político. Debe entenderse como la coexistencia de una modernización estatal, un crecimiento económico parcial, una concentración patrimonial extraordinaria y un desarrollo social incompleto, todo ello dentro de una dictadura que negó la libertad y subordinó las instituciones a la voluntad de un hombre.

El auténtico progreso de una nación no consiste únicamente en fortalecer el Estado, producir riqueza o levantar obras, sino en lograr que esas capacidades se traduzcan en bienestar ampliamente compartido, derechos efectivos, movilidad social, libertad política y respeto por la dignidad de su pueblo.

Por Domingo Núñez Polanco
Economista

Publicado en el nuevo diario:

https://elnuevodiario.com.do/el-verdugo-y-el-constructor-la-paradoja-trujillista-6/#google_vignette

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